La buena administración de EPM se debe a la imparcialidad en la toma de decisiones. En particular, a que el desempeño de los altos cargos —y su permanencia— es evaluado con estándares objetivos y transparentes basados en el cumplimiento de las metas de la organización, no en la simpatía del alcalde de turno.
La novela de EPM llegó a su punto más álgido la semana pasada tras la renuncia de su gerente, Álvaro Rendón, y el sucesivo intercambio de recriminaciones entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y Rendón. Esta renuncia causa incertidumbre sobre el futuro de una de las empresas más importantes de Colombia y se suma a las pujas al interior de EPM, que comenzaron en agosto del año pasado cuando la junta directiva de la empresa renunció tras desacuerdos con Quintero sobre el manejo de Hidroituango.Y es que el alcalde está empeñado en conseguir una millonaria indemnización por el desastre de la hidroeléctrica: para eso impulsó una demanda a la constructora de Hidroituango, Camargo Correa, por 9.9 billones de pesos —una suma superior a los activos de Camargo Correa en el país—, lo que levantó rencillas entre la anterior junta directiva a la que, al parecer, no consultaron antes de tomar semejante decisión (Chaves, 2020). De esta manera, se reemplazó a una junta técnica, con reputada idoneidad para el cargo, por un comité de aplausos que secunda al alcalde en todas sus correrías judiciales.
Quintero, que no es abogado, tiene una lógica bastante primaria para sustentar la demanda: Camargo Correa estaba encargada de construir la hidroeléctrica, la hidroeléctrica presentó graves problemas arquitectónicos y, conclusión, Camargo Correa debe pagar mucho dinero para resarcir sus daños. Yo, que tampoco soy abogado, no podría explicar los tejemanejes legales de los contratos entre Gobernación, Alcaldía, EPM, constructores, aseguradoras y órganos de control. Lo que sí sé, es que cuando se presentó la emergencia en 2018, abogados expertos en el tema evaluaron la mejor estrategia para EPM y concluyeron que la prioridad era terminar la construcción de la hidroeléctrica, pues una demanda podía dilatar el proceso por años e incluso décadas. En suma, las alternativas judiciales ya se habían evaluado por gente que sí sabe del tema. El nuevo alcalde llegó a dárselas de creativo y hoy EPM está pagando las consecuencias.
- Ver El Paujil, Caquetá y los problemas que tenemos que resolver en las regiones.
- Ver La teoría de la segunda mejor opción y la economía del desarrollo.
El colombiano promedio tiene otro punto de vista sobre la situación de Hidroituango: unos corruptos se robaron los recursos de la obra. Los que están con ellos son, por transitividad, otros corruptos y los que intentan darles la pelea son funcionarios públicos ejemplares. Por supuesto, Daniel Quintero quiere posar en el lado de los segundos, para tener el titular con su nombre acompañado de la cifra de 9.9 billones de pesos y el verbo recuperar. Quiere videos virales de sus ruedas de prensa en las que condena a los corruptos y reafirma su pureza, todo para que en una futura campaña política (¿a la presidencia?) la gente se quede con la imagen de “lo frentero que es danielito”, también para posar de perseguido en el proceso de revocatoria que se adelanta en su contra, pues es fácil vender el cuento de que son los corruptos los que lo quieren sacar.
Como en toda buena historia, hay varias versiones. Según Rendón, el alcalde empezó a interferir en las decisiones de la empresa y mandó a su secretaria privada, Camila Villamizar, para que vigilara de cerca la gestión del gerente (Rendón, 2021). Eso caldeó los ánimos. La gota que colmó el vaso fue una adenda de Camargo Correa —cohonestada por Rendón, según Quintero— que, aparentemente, permitiría que una subsidiaria de la constructora, con poca capacidad de pago, respondiera por Hidroituango (Mesa, 2021). Nuevamente el mandatario le apostó todo a su proceso judicial. Y como en la política las formas son más importantes que el fondo, Quintero se quedará con la noticia y se desentenderá del futuro de la demanda. Después de todo, muy pocos tienen la paciencia para seguirle la pista por años a un proceso judicial. Esta jugada perjudica a la institucionalidad de EPM, pues socava la tradición tecnocrática de la empresa y abona el camino para una administración arbitraria y politizada que, sabemos, es nefasta para las empresas públicas. Respecto a la valiosa labor de los tecnócratas, comparto la opinión de Alejandro Gaviria que se refirió a ellos en estos términos:
La tecnocracia es vista como un contrapeso al poder, como un equilibrio necesario a las fuerzas cortoplacistas y clientelistas de la política. Por supuesto, en algunas ocasiones, (…), los técnicos son meros instrumentos de los políticos, se tornan en expertos en justificar cualquier cosa y componer argumentos por encargo. (Gaviria, 2019, pág. 14).
La descripción es muy pertinente en este caso: parece que a Daniel Quintero no le gustan los contrapesos y que solo le gustan los técnicos cuando apoyan decisiones tomadas de antemano por él mismo. El episodio de Álvaro Rendón nos deja ver que para el alcalde los técnicos son simples fusibles —que se cambian cuando muestran un mínimo de independencia—: un pobre ejemplo de liderazgo y un mensaje despótico para los funcionarios de las entidades que dependen del municipio. Por supuesto, Daniel Quintero no es el primer funcionario público al que se le sube el poder a la cabeza. Por eso, la sociedad ha desarrollado modelos de Gobierno Corporativo para establecer los derechos y deberes de las distintas partes involucradas en una empresa y garantizar independencia administrativa frente a los grupos de interés. EPM es pionera en Colombia en implementar estos modelos. De hecho, la Corporación Andina de Fomento (CAF, 2012) resalta a EPM como un caso exitoso de Gobierno Corporativo.
La CAF explica cómo la empresa consiguió balancear el interés público con la administración privada guiándose por principios de rendición de cuentas que siguen los reglamentos locales e internacionales. La conclusión de la CAF es muy clara:
El compromiso del actor estatal que ejerce la Propiedad (en este caso el Municipio de Medellín), es imprescindible en el establecimiento de un marco adecuado y funcional de Gobierno Corporativo. En este sentido, la formalización de dichos compromisos a través de un Convenio de Relaciones constituye un mecanismo eficiente para blindar a las EPE [Empresas de propiedad estatal] de efectos por coyunturas políticas, injerencia inconveniente del Estado, e igualmente, para comprometerlas con buenos resultados (de acuerdo a su objeto social). La evaluación independiente y recurrente por actores externos facilita que el proceso de mejoramiento sea permanente y estable en el tiempo. (CAF, 2012, pág. 61)
En suma, la buena administración de EPM se debe a la imparcialidad en la toma de decisiones. En particular, a que el desempeño de los altos cargos —y su permanencia— es evaluado con estándares objetivos y transparentes basados en el cumplimiento de las metas de la organización, no en la simpatía del alcalde de turno. Flores y Rozas (2008) advierten sobre los peligros de descuidar el Gobierno Corporativo de una organización:
La ausencia de buenas prácticas de gobierno corporativo se manifiesta en muchas formas: fallas en la oportunidad y transparencia en la divulgación de información financiera, abuso de los inversionistas minoritarios, falta de independencia e integridad en los procesos de auditoría, contratación de personal no idóneo para desempeñar sus funciones [¿El futuro gerente?], entre otras. Estas fallas no permiten garantizar un manejo eficiente de los recursos de las empresas, ni precautela el patrimonio entregado por inversionistas y acreedores. Como resultado, se limita el acceso de las empresas a los mercados de capital. (Flores y Rozas, 2008).
Esta observación es especialmente grave en el caso de EPM, pues la empresa necesita un flujo estable de recursos en los próximos años para llevar a cabo, al menos, dos grandes proyectos: finalizar la construcción de Hidroituango y adelantar las cuantiosas inversiones que requiere la red eléctrica de CaribeMar —una de las dos empresas resultantes de la liquidación de Electricaribe—. Ambos proyectos son cruciales para garantizar el abastecimiento energético del país. Por supuesto, cualquier inversionista se preocupará por la estabilidad de EPM antes de prestarle dinero. Se necesita una visión de largo plazo y unos funcionarios que respalden su cumplimiento para ganarse el favor de los mercados.
Medellín debe su éxito económico a esa visión de largo plazo, a esos pactos entre sector público y privado para ‘jalar para un mismo lado’ por el bien de sus ciudadanos. Proyectos como el Metro de Medellín o Ruta N no serían posibles si los paisas se enredaran en las nimiedades de la política. A todos nos duele el fracaso estrepitoso de Hidroituango, pero Daniel Quintero debería dejar la gazmoñería, actuar con sentido práctico y trabajar con EPM para sacar adelante los grandes proyectos energéticos de Antioquia y el país.
Adenda: Ante el profundo déficit fiscal que afronta Colombia, el gobierno no puede quitar exenciones tributarias, por la presión del lobby afín al gobierno; no puede subir los impuestos al consumo, porque sería inviable en un año preelectoral, y tampoco puede enajenar activos, por la férrea oposición de los sindicatos. Por eso, le tocó hacer una pirueta financiera con ISA y Ecopetrol que no beneficia a ninguna de las dos. El año empezó mal para las empresas públicas.
Referencias
CAF. (2012). Gobierno Corporativo en America Latina: Importancia para las empresas de propiedad estatal. Caracas: Serie de políticas públicas y transformación productiva.
Chaves, M. (11 de Agosto de 2020). Renunció la Junta Directiva de EPM luego de la demanda a consorcios de Hidroituango. La República. Obtenido de https://www.larepublica.co/empresas/renuncio-la-junta-directiva-de-epm-tras-demanda-a-consorcios-de-hidroituango-3044156
Flores Konja, J., & Rozas Flores, A. (2008). El gobierno corporativo: un enfoque moderno. Quipukamayoc, 15(29), 7 – 22.
Gaviria, A. (2019). Prólogo. En G. Perry, & I. López, Decidí Contarlo (págs. 11-19). Bogotá D.C: Debate.
Mesa, L. V. (4 de Febrero de 2021). Crece la polémica por la adición al contrato suscrito entre EPM y Camargo Correa. La República. Obtenido de https://www.larepublica.co/economia/crece-la-polemica-por-la-adicion-al-contrato-suscrito-entre-epm-y-camargo-correa-3120191
Rendón, Á. (2 de Febrero de 2021). “El gerente de EPM debe tener el valor de poner al alcalde de Medellín en su lugar”: Álvaro Rendón. (R. E. Espectador, Entrevistador). Obtenido de https://www.elespectador.com/noticias/economia/entrevista-con-alvaro-rendon-saliente-gerente-de-epm/
Joan Robles es estudiante de Economía de la Universidad Nacional. También pertenece a la Sociedad de Debate UN. Le interesa la política y la literatura.